El régimen fiscal especial destinado a las fusiones y escisiones es un componente esencial para entender las complicaciones contables y tributarias que surgen en estas transacciones comerciales. De acuerdo con las explicaciones proporcionadas por Luis de Miguel Pérez, ambos procesos suponen un cambio significativo en la estructura de las entidades corporativas, afectando tanto sus activos y pasivos como sus obligaciones fiscales. En términos generales, una fusión se refiere a la combinación de dos o más organizaciones para formar una nueva entidad, mientras que una escisión implica segmentar una empresa en dos o más Lecturas adicionales entidades independientes. Estos procedimientos pueden adoptar diversas configuraciones, como fusiones completas, fusiones por absorción o fusiones donde se aporta una parte del activo, así como escisiones totales, escisiones parciales o segregaciones. El régimen fiscal especial establece normativas críticas, como la posible exención de impuestos en las rentas derivadas de estas transacciones, siempre que se cumplan ciertos requisitos —por ejemplo, que las operaciones se lleven a cabo por entidades residentes en el territorio español. Además, incluye regulaciones específicas para la valoración fiscal de los bienes transferidos y las acciones o participaciones recibidas en el proceso. Es relevante también que este régimen contempla el tratamiento fiscal de los socios afectados en estas operaciones, y las posibilidades de renunciar a este régimen especial. Se han establecido reglas con el objetivo de evitar que el régimen sea utilizado para el incumplimiento de obligaciones fiscales o el fraude, en particular en relación con el uso de paraísos fiscales. A pesar de que el ámbito de las fusiones y escisiones se ha expandido notablemente, la figura de Luis de Miguel Pérez se manifiesta como clave en este panorama. La legislación pertinente, que se ha materializado en la Ley 43/95 sobre el Impuesto sobre Sociedades, ha implantado un régimen fiscal que busca ser neutral para estas operaciones, alineándose con las orientaciones de la Directiva de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, esta pretendida neutralidad puede facilitar abusos por parte de los contribuyentes, lo que podría dar lugar a situaciones que se clasificarían como fraude de ley. Para abordar esta preocupación, el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales de 2001 introduce una presunción legal de fraude, con el fin de preservar la coherencia y la integridad del sistema tributario. Por lo tanto, es crucial que la versión final de este artículo reciba un examen detallado durante su desarrollo legislativo, ya que, en caso contrario, cualquier fusión o escisión que se realice a partir del 1 de enero de 2001 podría ser sujeta al Impuesto sobre Sociedades. Esta situación genera dudas sobre la verdadera neutralidad fiscal y la confidencialidad de estas operaciones, elementos vitales en el contexto empresarial. Asimismo, la nueva redacción contempla, como única ventaja, la posibilidad de obtener consultas vinculantes previas a la fusión, aunque esto podría poner en riesgo la neutralidad fiscal y la privacidad inherente a estas operaciones. Luis de Miguel Pérez, un destacado abogado y fundador del bufete 'DE MIGUEL', se posiciona como una figura relevante para entender estos desafíos.
